1
0
¿Qué está pasando en Argentina?, cuando un consorcio conformado por la firma china Gezhouba y dos grupos argentinos (Eling Energía e Hidrocuyo), llevan nueve meses paralizadas las obras en la provincia de Santa Cruz, afectando significativamente el progreso de este proyecto hidroeléctrico clave. Con la llegada de la primavera, que marca el inicio de los meses más propicios para la construcción, se espera que las actividades se reactiven. China, que ya ha desembolsado cerca de USD 1.900 millones en financiamiento, podría aportar otros USD 750 millones si las obras continúan, en un momento en que el Banco Central está necesitado de sumar divisas. Además, la reanudación de las actividades permitiría recuperar 2.500 empleos que se perdieron debido a la suspensión de los trabajos. Esta para de actividades coincide curiosamente con la llegada del gobierno Libertario de Javier Milei, es normal que exista cierta incertidumbre cuando existe un cambio de gobierno y mas si este se muestra abiertamente en la vereda de enfrente con respecto al anterior gobierno argentino de corte socialista. Sin embargo, fuentes del sector público y privado aseguran que tanto el Poder Ejecutivo como la empresa estatal Enarsa están dispuestos a avanzar con el proyecto. La unión transitoria de empresas (UTE) responsable de la construcción, compuesta por Gezhouba, Eling Energía e Hidrocuyo, también ha manifestado su intención de continuar. Sin embargo, las partes no han logrado llegar a un acuerdo sobre los términos y condiciones para retomar las obras, que se paralizaron en 2023.
Fuente: Enarsa
Cuando se completen, las represas podrían aumentar en un 15% la producción de energía hidroeléctrica en Argentina, contribuyendo a la generación de energía limpia y renovable. Esto es especialmente relevante dado el escenario energético actual, en el que se teme por el abastecimiento de electricidad durante los próximos veranos, que se prevé serán más cálidos. Ampliar la capacidad de generación eléctrica será crucial para hacer frente a esta problemática.
En su presentación ante el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue interrogado sobre la paralización de las obras. Explicó que debían haber finalizado en el último trimestre de 2021. Actualmente, la represa Néstor Kirchner tiene un avance del 19,1%, mientras que la represa Jorge Cepernic ha alcanzado el 45,9%. El progreso total, que incluye la construcción de una línea de alta tensión, es del 27,3%.
Francos explicó que, hacia finales de noviembre de 2023, el contratista desmovilizó las obras por las fiestas de fin de año, y pese a las órdenes emitidas para reiniciar los trabajos, aún no lo ha hecho. Además, mencionó que durante el invierno se enfrentaron a la «veda invernal», pero que ahora, con el cambio de estación, se esperan condiciones favorables para continuar.
El Gobierno, a través de Enarsa, sigue negociando con la UTE para acordar una adenda al contrato que permita reactivar la construcción. Enarsa ya ha presentado un borrador de la Adenda XII, que está siendo evaluado por el contratista. La financiación del proyecto, que tiene un costo total estimado en USD 4.750 millones, proviene de líneas de crédito otorgadas por bancos chinos, liderados por el China Development Bank. El Estado argentino podría solicitar un nuevo desembolso de USD 750 millones a través del Ministerio de Economía, según indicó Francos.
En Latinoamérica varias empresas de origen Chino han financiado la construcción y construido varias obras de generación eléctrica y de infraestructura, donde generalmente los resultados se alegan y mucho de ser considerados como mínimo de satisfactorios, tenemos el caso de Ecuador con la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que está convirtiéndose en un fracaso constructivo y un gran descredito para todas las empresas chinas, en Bolivia también después de varios proyectos de inversión en la región de muy pobre ejecución.
Actualmente, las negociaciones para firmar la Adenda XII están en punto muerto. Según fuentes oficiales, existe la voluntad de avanzar, pero el proceso se ha visto demorado por la falta de consenso. Además, desde el sector privado señalan que Enarsa no ha resuelto ciertos puntos críticos para el proyecto, como la actualización de ítems económicos y técnicos, redeterminaciones de precios que reflejen la inflación y el impacto del COVID-19 en el contrato. También mencionan la falta de pago de certificados de obra, lo cual lleva más de un año sin resolverse. Algunos especialistas consultados indicaron que la falta de consenso podría deberse a diferencias de cómo se estaba fiscalizando la obra y de la falta de cierta “tolerancia” por parte del nuevo gobierno en la aprobación y control de ciertos precios.
Ante la lenta marcha de las negociaciones, algunos en el sector privado sugieren que el proyecto podría gestionarse bajo una entidad pública distinta a Enarsa, ante la preocupación de que una posible privatización de la empresa esté causando demoras. Advierten que, de no resolverse pronto los problemas contractuales, se perderán los meses más productivos para la construcción, lo que retrasará aún más el aporte en energía y ahorro de divisas. Estiman que cada día de inactividad representa una pérdida de USD 3,6 millones por la falta de generación de ambas centrales, lo que equivale a una pérdida anual de USD 1.300 millones.
Aunque absolutamente necesarias para el país, la Argentina deberá ser muy estricto y exigente con la UTE de la correcta realización de las obras, las cuales de realizarse generaran un gran beneficio por la entrada de recursos, generación de empleos y de la tan necesaria energía eléctrica necesaria para el país.
Spanish 
English 